Coyuntura y retos del sindicalismo en Colombia y el mundo

Problemática actual del sindicalismo colombiano:

Para conocer la problemática del sindicalismo colombiano, se incluyen  informes de la CSI sobre la situación colombiana. Allí se observa claramente cómo a nivel iternacional ya es reconocida la cultura antisindical y problemática que enfrenta el movimiento sindical colombiano.

Informe anual de la Confederación Sindical Internacional sobre las violaciones de los derechos sindicales en Colombia:  AÑO 2013

 

 

Derechos sindicales según la ley

La Constitución colombiana consagra como fundamental el derecho de sindicalización. El Código Laboral estipula el reconocimiento automático con la sola acta de constitución de cualquier organización que cuente con al menos 25 afiliados y que cumpla con un sencillo proceso de registro. Según la ley, los sindicatos son libres de decidir sus propias normas y de gestionar sus actividades. Sólo una autoridad judicial, y no administrativa, puede suspender a los sindicatos o cancelar su personería jurídica.

Derecho de huelga limitado: La Constitución colombiana reconoce el derecho de huelga para todos los trabajadores/as, con excepción de los miembros de las fuerzas armadas, la policía y los trabajadores/as de los servicios públicos esenciales o de primera necesidad, tal como los define la ley. Asimismo, la Constitución imparte un mandato al legislador para que reglamente el derecho de huelga, cosa que no se ha hecho hasta el momento, por lo que continúan vigentes en la legislación normas de 1956 y 1990 en las que se prohíbe la huelga en una amplia gama de servicios públicos que no son necesariamente esenciales, contraviniendo así la definición de la OIT al respecto: aquellos cuya interrupción ponga en peligro la vida, la seguridad personal o la salud de la totalidad o parte de la población.

Por otra parte, la legislación prohíbe a las federaciones y confederaciones convocar huelgas. Los dirigentes sindicales que participen en una acción de huelga declarada ilegal pueden ser despedidos. Los que participen en una acción de huelga legal también pueden ser despedidos, siempre y cuando hayan transcurrido seis meses desde el final de la disputa.

Negociación colectiva – discriminación en el sector público: La legislación colombiana ha introducido un principio de discriminación respecto a las funciones y derechos de las organizaciones de los trabajadores/as del sector público en relación con la contratación colectiva, al clasificarlos como “trabajadores oficiales” o “empleados públicos”. Los sindicatos que agrupan a los empleados públicos no pueden presentar pliegos de peticiones ni firmar convenciones colectivas, ya que su derecho a la negociación se limita sólo a la presentación de “solicitudes respetuosas”, excluyendo aspectos fundamentales de la relación laboral, como salarios, prestaciones y contratos.

Reforma laboral: Sin concertación ni diálogo social alguno, en 2004, se impuso una reforma laboral que significó jornadas de trabajo diurno más largas, disminución en el pago de horas de trabajo extraordinarias, reducción de las indemnizaciones, flexibilidad laboral, restricciones a la negociación colectiva y pérdida de derechos adquiridos. Por ejemplo, la nueva ley excluye el contrato de aprendizaje de la contratación colectiva. Según los Convenios de la OIT, la contratación colectiva se refiere a “todo acuerdo escrito relativo a las condiciones de trabajo y de empleo”.

Conviene también señalar recientes propuestas gubernamentales que amenazan con suprimir la protección existente a las víctimas de infracciones a los derechos humanos y debilitar el sistema judicial, ya de por sí ineficaz. Por ejemplo, el gobierno ha propuesto una reducción significativa de la “tutela”, una acción judicial que concede protección de emergencia de los derechos constitucionales, mientras se dirime el caso. El gobierno ha propuesto limitar la jurisdicción de la Corte Constitucional, hasta la fecha un baluarte en la defensa de los derechos laborales. Además, el gobierno rompió abruptamente su diálogo con el Comité Interinstitucional para la prevención de violaciones y la protección de los derechos humanos de los trabajadores y trabajadoras.

 Derechos sindicales en la práctica

Los sindicalistas colombianos, dirigentes y afiliados siguen viviendo una crisis humanitaria expresada de manera contundente en una violencia selectiva, sistemática, extendida en el tiempo y con total impunidad.

Impunidad: La impunidad continúa siendo el principal incentivo a la violencia contra los sindicatos en Colombia. Se han registrado pocos progresos respecto al clima de impunidad que rodea a estos actos de violencia. De hecho, la gran mayoría de las violaciones, es decir más del 99% de los casos, quedaron sin castigar y muchos asesinatos no han sido investigados.

Como parte del Acuerdo Tripartito por el Derecho de Asociación y la Democracia, la Fiscalía General creó un grupo especial para el esclarecimiento y castigo de los delitos contra la vida y la libertad de los dirigentes sindicales y trabajadores/as, conformado por 5 fiscales. La primera tarea que se propuso fue hacer un balance de las investigaciones adelantadas por ese despacho en todo el país vinculada a estos casos desde 1994 a la fecha. El resultado inicial fue que 1.165 casos de crímenes habían sido cometidos contra sindicalistas. De ellos el 95% permanecían en total impunidad, como ya había sido denunciado por las organizaciones sindicales nacionales e internacionales. De esos 1.165 casos, que podrían ser 1.369, si se suman las masacres, sólo 56 fueron llevados a juicio y apenas diez han terminado en condena. Esta realidad obligó a la Fiscalía General a elevar el número de fiscales especiales de 5 a 13 y se comprometió a entregar resultados a las organizaciones sindicales colombianas y a la OIT en un plazo de 2 años.

Blanco de ataques a causa de sus actividades sindicales: La Escuela Nacional Sindical ha señalado, en varios de sus informes, que “la mayoría de las violaciones a los derechos humanos de los sindicalistas en Colombia se encuentran ligadas a conflictos laborales, aunque ocurran en el contexto de la guerra y sean cometidas, en la mayoría de los casos, por alguno de los actores de la guerra”. También señala “que la mayoría de asesinatos, amenazas, secuestros y desplazamientos forzados de trabajadores/as colombianos se han realizado en momentos y contextos marcados por el aumento de sus reivindicaciones laborales” y que por ello los sindicalistas colombianos no son “víctimas casuales o colaterales del conflicto armado que desde hace décadas vive ese país”.

A principios de 2006, Rafael Enrique García Torres, ex jefe de la Oficina de Informática del DAS, reveló a la Fiscalía así como a periodistas de dos importantes revistas de noticias del país, que el DAS había proporcionado a grupos paramilitares los nombres de 23 dirigentes sindicales. Aunque estas declaraciones serían refutadas de inmediato por la Presidencia, resulta chocante que la mayoría de los líderes mencionados por García hayan sido asesinados o se vieran obligados a esconderse tras recibir amenazas de muerte y que ninguna investigación penal en relación con estos casos haya producido resultado alguno hasta la fecha. En sus declaraciones el ex funcionario del DAS, aseguró que una importante empresa extranjera, con sede en la Costa Atlántica, les pagó a los “paras” para que asesinaran a dirigentes sindicales, advirtiendo que dicha práctica no era política de las multinacionales, sino de los mandos medios. En cualquier caso, no se tomó ninguna medida en el seno del DAS para elucidar los hechos en torno a estas acusaciones.

El 7 de Julio de 2007, las organizaciones sindicales colombianas, conocieron un informe interno de la multinacional Unión FENOSA de España, propietaria de las empresas de energía eléctrica de la Costa Colombiana, Electrocosta y Electricaribe. El documento alega que, el 65 por ciento de los 450.000 afiliados de los miembros de la CUT, son de extrema izquierda y que el sindicalismo colombiano esta tomado por las guerrillas. El etiquetamiento a los sindicalistas colombianos y a los líderes sociales como guerrilleros o simpatizantes de las guerrillas, por parte de los grupos paramilitares y por miembros de las fuerzas militares deja el sindicalismo en alto estado de vulnerabilidad y esto ha contribuido a la critica situación que ha vivido el sindicalismo, en donde más de 4000 miembros afiliados a la CUT han sido asesinados y además miembros de la CTC y la CGT.

Respuesta inadecuada del gobierno: Como respuesta a esta intolerable situación y ante la presión nacional e internacional, el gobierno ha instituido diversos programas, incluyendo un Comité de Reglamentación y Evaluación de Riesgos (CRER) y del Fondo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana. Por otro lado, tal como se mencionó más arriba, se ha creado una unidad de investigación consagrada exclusivamente a la investigación de las violaciones de los derechos humanos de los sindicalistas en el seno de la Fiscalía General de la Nación. Se facilitan también escoltas y/o vehículos blindados y teléfonos celulares a algunos sindicalistas que se considera están en situación de riesgo.

No obstante, esos esfuerzos son claramente insuficientes y las organizaciones sindicales se quejan regularmente de que algunos de sus dirigentes o activistas, que han recibido amenazas de muerte o han sido ya víctimas de atentados, han visto denegada la concesión de medidas de protección oficial o las misma después de un tiempo han sido retiradas, encontrándose la persona nuevamente desprotegida y en situación de riesgo. Los motivos aludidos por las autoridades generalmente son que “la evaluación de los riesgos incurridos resultó negativa” o la falta de fondos.

El gobierno afirma que el sistema penal acusatorio, vigente de manera parcial en el territorio de Colombia desde enero de 2005, ayudará a acelerar los procesos y permitirá luchar mejor contra la impunidad. No obstante, el sistema sólo es aplicable a los delitos que tengan lugar después del 1 de enero de 2005. Los cientos de asesinatos de sindicalistas cometidos antes de esa fecha, incluyendo algunos casos que datan de principios de los 90, no se verán afectados por el nuevo sistema y probablemente continuarán sin castigo. Además, la denominada Ley de Justicia y Paz, adoptada en junio de 2005, no contribuye en absoluto a luchar contra la impunidad de que gozan los asesinos de dirigentes y activistas sindicales en Colombia (véase Derechos Sindicales en la Ley, más arriba).

La violencia contra las mujeres sindicalistas:  En edición…

Falta de un interlocutor social: En la práctica, los sindicatos no tienen un interlocutor social adecuado por parte del gobierno. El Ministerio de Salud y Protección Social es el responsable de las cuestiones laborales a través del Viceministro de Trabajo. Sin embargo, según fuentes sindicales, el Viceministro tiende a parapetarse en el hecho de no contar con plena autoridad ministerial y siempre que puede remite las cuestiones laborales a los tribunales.

Factores que socavan la negociación colectiva: Numerosos factores contribuyen al reducido número de trabajadores/as cubiertos por convenios colectivos, comenzando evidentemente por el bajo nivel de sindicalización y la violencia contra los sindicatos. A ello se suma el hecho de que los convenios colectivos se negocian únicamente a nivel de empresa y no a escala industrial o sectorial.

Otros factores son el incremento en la subcontratación y la facultad que ahora tienen los Tribunales de Arbitramento para revisar las convenciones colectivas, favoreciendo con ello las demandas de los empresarios en el sentido de desmejorar y/o suprimir derechos conquistados por los trabajadores/as.

Asesinato de negociadores sindicales: En muchos otros casos se han producido homicidios o amenazas de muerte contra dirigentes sindicales en contextos de la negociación del pliego de peticiones presentado por los trabajadores/as.

2009

Pese al gran énfasis que pone el actual Gobierno en la seguridad y tras varios años durante los cuales se registró una reducción del 60% en el número de homicidios, en 2008 se produjo un incremento preocupante del 25% en los casos de violencia antisindical, con 49 sindicalistas asesinados, 16 de los cuales eran dirigentes sindicales y entre los que hubo 45 hombres y cuatro mujeres. Han continuado los atentados, las desapariciones y las amenazas de muerte.

Derechos sindicales según la ley

Existen, impedimentos legales al pleno ejercicio de la libertad sindical, como la Resolución No. 626 de febrero de 2008, que cita como uno de los motivos por los que se puede denegar el registro “que la organización sindical se haya constituido para obtener fines diferentes a los derivados del derecho fundamental de asociación”. La OIT considera que los poderes discrecionales conferidos a la autoridad administrativa para denegar el registro son contrarios al Convenio 87 y ha pedido al gobierno que derogue dicha disposición.

Existen asimismo problemas a raíz del recurso a diversas figuras contractuales, tales como las cooperativas de trabajo asociado, los contratos de prestación de servicios y los contratos civiles o mercantiles, que encubren verdaderas relaciones de trabajo y que son utilizadas para no permitir a los trabajadores constituir sindicatos. Una nueva ley de julio de 2008, relativa a las cooperativas de trabajo asociado, no ha dado, según la OIT, solución a este problema.

Las organizaciones sindicales informan que los paramilitares que se han sometido al régimen de la ley de Justicia y paz han suministrado muy poca información respecto a los asesinatos de dirigentes sindicales.

Desde hace años, la OIT ha venido subrayando la necesidad de que se reconozca de manera efectiva el derecho de negociación colectiva a los empleados públicos que no trabajan en la administración del Estado. En noviembre de 2005 la Corte Constitucional dictaminó que para hacer efectivo el Artículo 55 de la Constitución Política, las organizaciones sindicales de empleados públicos podrán acudir a otros medios que garanticen la concertación en las condiciones de trabajo. Hasta la fecha, sin embargo, no se han adoptado aún las medidas legislativas necesarias para dar efecto a este dictamen.

La OIT ha planteado igualmente la necesidad de garantizar que los pactos colectivos celebrados directamente con los trabajadores no sean utilizados para menoscabar la posición de las organizaciones sindicales ni la posibilidad en la práctica de celebrar convenciones colectivas con éstas.

En virtud de la Ley No. 1210 de julio de 2008 (que modifica el Art. 451 del Código Sustantivo del Trabajo), la competencia para la declaración de ilegalidad de una huelga ha sido trasladada de la autoridad administrativa al Poder Judicial. Esa misma ley enmienda considerablemente el Código de Trabajo en lo que respecta al arbitraje obligatorio al establecer que sean ambas partes las que deban solicitar un Tribunal de Arbitramento si, vencido el plazo establecido, no es posible llegar a una solución definitiva.

Se mantiene la prohibición de convocar huelgas para las federaciones y confederaciones, contraviniendo el Convenio 87 de la OIT.


En la siguiente intervención del senador Guevara, ex presidente de FECODE en el congreso de la república, se analizan algunos de los aspectos que amenazan las libertades sindicales en el país y particularmente al magisterio:

 

LA REALIDAD COLOMBIANA EN MATERIA DE LIBERTAD SINDICAL. Tomado de el libro “LOS PRINCIPIOS Y DERECHOS FUNDAMENTALES EN EL TRABAJO”, FECODE – CUT, Bogotá, 2007

Para la CUT, la Escuela Nacional Sindical ENS, y FECODE, el sindicalismo es victima de una violencia sistemática, de larga data y que no es imputable a un contexto o época determinada, ni es el resultado específico del conflicto interno armado.

La crisis humanitaria del sindicalismo colombiano no remite a la existencia de una violencia difusa e indiscriminada. Se trata, por el contrario, de una crisis marcada por las violaciones permanentes y selectivas de los derechos humanos y sindicales, en un contexto de alta impunidad.

La mayoría de las violaciones a los derechos humanos de los sindicalistas colombianos están ligadas a conflictos laborales: paros, huelgas, negociaciones colectivas y creación de sindicatos. Aunque ocurran en el marco de la guerra interna y sean cometidas en la mayoría de los casos por alguno de los actores armados, es necesario considerar que la guerra y los actores armados funcionan como procesos o instituciones paralelas e ilegales de regulación del conflicto laboral colombiano.

Por ello la violencia contra los sindicalistas se inscribe como una acción sistemática que obedece a el interés especifico de anular las actividades sindicales de reivindicación y defensa de los derechos laborales. Las violaciones se han realizado en momentos caracterizados por el aumento de las reivindicaciones laborales y no como razón o consecuencia del conflicto armado; de ahí que los y las sindicalistas no aparecen como victimas casuales o colaterales del conflicto armado. El 22% de los asesinatos del periodo 1986-2006 fueron contra dirigentes sindicales, es decir, 484 dirigentes asesinados.

Aproximadamente cada 3 días durante los últimos 21 años ha sido asesinado un trabajador o una trabajadora sindicalizada, lo que se traduce en 2534 entre el 1 de enero de 1986 al 7 de agosto de 2007. Del total de victimas, 2289 fueron hombres y 248 mujeres que perdieron la vida defendiendo, reivindicando o simplemente ejerciendo su derecho fundamental de sindicalización.

Otras violaciones dejan más de 211 atentados contra líderes sindicales y 185 casos de desaparición forzada. Por lo menos 3000 sindicalistas han recibido amenazas de muerte de su actividad sindical y más de 1000 han sido victimas de desplazamiento forzado. De los datos sistematizados durante este periodo se encuentra que se han cometido al menos 8601 violaciones a la vida, libertad e integridad de sindicalistas.

Las organizaciones afiliadas a la CUT han sufrido el mayor porcentaje de violaciones de derechos humanos contra sindicalistas (92,67% del total de registros obtenidos durante el 2006 según la base de datos de la ENS.)

Cabe destacar que cerca del 30% de los sindicalizados afiliados a la CUT son maestros, y que estos se caracterizan por su gran dinámica sindical, sociopolítica, de manera permanente exigen sus derechos y cuestionan las políticas sociales y económicas que lesionan los intereses y condiciones de vida e los trabajadores colombianos. Muchos maestros se encuentran vinculados a dinámicas de compromiso societal y en muchos municipios son líderes con relevancia pública; ello explica la elección de 4 senadores en los últimos comicios apoyados por los sindicatos de maestros.

En lo que se refiere a los sindicatos mas afectados, Sintrainagro resulta ser el que tiene el mayor numero de asesinatos en toda la historia reciente del sindicalismo colombiano, con un registro de 844 sindicalistas asesinados, lo que equivale a un 35% del total de los homicidios ocurridos en 21 años, en segundo lugar se encuentra el sindicato de los educadores de Antioquia, Adida, que durante el mismo periodo presenta un total de 257 sindicalistas asesinados, cifra que equivale a un 10% del total de asesinatos, le siguen la Unión Sindical Obrera, USO con 87 sindicalistas asesinados, ANTHOC con 54 asesinatos, Sintraelecol con 47,asonal judicial con 43.

FECODE es la federación con mayor concentración de violencia anti sindical (742 asesinatos desde 1986), presentando un panorama generalizado de violencia en 28 de sus organizaciones filiales…

En lo que va de la presente década, FECODE registra 333 asesinatos de docentes sindicalizados, homicidios que permanecen en la impunidad.

Si bien la violencia se ha generalizado en todo el movimiento sindical, puede decirse que esta violencia se concentra en 30 organizaciones sindicales, representando el 75% del total de los homicidios. por sectores el orden es el siguiente : agricultura, educación, salud, petróleo, judicial, alimentos, trabajadores oficiales y servicios públicos.

Existen múltiples acciones que desrrolla el movimiento sindical colombiano con el fin de fortalecesrse, uno de ellas es la cooperación sindical internacional. A continuación se incluye el Programa Pais Colombia impulsado por la Federación Holandesa Sindical.

PROGRAMA PAIS Colombia FNV Presentación

Como puede verse en estos informes el movimiento sindical colombiano requiere fortalecerse para superar la grave crisis que atraviesa.

 


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